Por Jessica M. Pasko
Traducción: Víctor Almazán
Como gerente de viñedos en Greenfield, Eleazar Sosa supervisa un equipo de aproximadamente 20 personas que monitorean las viñas en busca de enfermedades, controlan el riego y cosechan las uvas de vino a fines del verano. Este año, él y sus compañeros de trabajo también se enfrentan a un nuevo desafío: la creciente amenaza del coronavirus.
Existen programas formales para frenar la propagación de COVID-19 entre los trabajadores agrícolas. Pero por ahora, Sosa y su equipo están adoptando un enfoque comunitario más directo para evitar el virus.
En el condado de Monterey, los trabajadores agrícolas, como los trabajadores de campo y los que trabajan en instalaciones de empaque y procesamiento, tienen tres veces más probabilidades de infectarse con el coronavirus que los empleados de otras industrias del condado, según el Instituto de Estudios Rurales de California.
Muchos de estos trabajadores esenciales también carecen de los apoyos fundamentales de la red de seguridad social, como el seguro médico y la vivienda asequible. Más de la mitad de los trabajadores agrícolas encuestados por el instituto sobre cuestiones de atención médica informaron recientemente sobre el doble impacto de no tener días pagados para quedarse en casa por enfermedad ni seguro médico. Para aquellos que están asegurados, el alto costo de las recetas, copagos y deducibles presenta barreras adicionales.
Sosa sabe que tiene suerte. Él y su esposa viven solos ya que sus cuatro hijos, todos adultos, viven aparte. Se quedan en casa cuando no trabajan y limitan sus viajes a lo esencial, como ir de compras. Pero le preocupan los demás en su comunidad de Greenfield, en particular los que viven amontonados o trabajan dentro de instalaciones de procesamiento y empaque de productos, donde el distanciamiento social es más difícil. Algunos empleadores proporcionan viviendas básicas de estilo dormitorio; otros trabajadores comparten habitaciones de motel o apartamentos pequeños con hasta dos o tres familias más.
Para ayudar, las organizaciones comunitarias han lanzado programas de educación COVID-19 en toda la Costa Central. En el sur del condado de Santa Cruz, la Caravana de Apreciación al Campesino de Watsonville, un grupo de residentes locales, entrega regularmente alimentos, cubrebocas y otros suministros a los trabajadores. Y en el condado de Monterey, la Asociación de Productores y Transportadores, una organización comercial de la industria agrícola, ha estado trabajando con hospitales locales para traer profesionales médicos directamente a los campos.
Abby Taylor-Silva, portavoz de la asociación, dijo que la organización supo de inmediato que tenían que tomar medidas para proteger a los trabajadores agrícolas.
“A mediados de marzo, cuando se presentaron las órdenes de refugio en el lugar, trabajamos con los funcionarios del condado de Monterey para elaborar una guía (para los empleadores agrícolas) y emitir un aviso”, dijo Taylor-Silva. “Fue realmente importante para nosotros hacer esto, más allá de simplemente llamar al condado” para pedir ayuda.
Poco después, los médicos residentes y enfermeras del Centro Médico Natividad comenzaron a visitar granjas locales e instalaciones de empaque para distribuir cubrebocas y brindar capacitación sobre distanciamiento social en el hogar y el lugar de trabajo. Hasta ahora, han podido llevar información hasta unos 5,000 trabajadores. La divulgación se realiza en inglés, español y tres idiomas indígenas: mixteco, zapoteco y triqui.
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También hablan sobre qué hacer si un miembro de la familia se enferma y cómo obtener ayuda. La asociación ha reservado un banco de habitaciones de hotel locales para aquellos trabajadores que necesitan ser puestos en cuarentena. Hasta ahora, unos 150 trabajadores se han alojado en esas habitaciones. Las empresas contratadas por Productores y Transportadores, proporcionan una limpieza estricta, y las comidas y las visitas provienen de los trabajadores de atención médica del hospital Salinas Valley Memorial.
Esta parte del programa ha tenido tanto éxito que ahora el estado lo está reproduciendo a través de Housing for Harvest.
La Dra. Erika Romero dijo que también se toman el tiempo para hablar directamente con los trabajadores sobre sus experiencias y servir como una especie de intermediario entre ellos y sus jefes.
“Es muy difícil para nosotros simplemente entrar y decir, ‘Oye, estas son algunas de las cosas que toda tu empresa debería hacer’”, dijo Romero, médico residente de segundo año en el Centro Médico Natividad. “Lo que queremos decir es: ‘Has estado trabajando aquí todos los días, ¿cuáles son algunas de las cosas que crees que podrían cambiarse en tus condiciones laborales específicas?'”
A partir de ahí, Romero y sus colegas toman esa retroalimentación y conversan con empleadores y gerentes para ayudar a facilitar algunos de estos cambios, incluida la garantía de que se siga el distanciamiento social en los autobuses que utilizan algunas granjas para transportar a los trabajadores al campo. Además de brindar información sobre el distanciamiento social y el uso de máscaras, también brindan información sobre dónde inscribirse para recibir cupones de alimentos, cómo solicitar el seguro de desempleo y formas de obtener recursos de salud mental, dijo Romero.
Se estima que entre 90,000 y 100,000 trabajadores agrícolas viven en la región que abarca los condados de Monterey, Santa Cruz y San Benito durante la temporada alta, además de sus familias. No solo enfrentan este mayor riesgo de contraer coronavirus, sino que también existe una alta probabilidad de que sean indocumentados. Según el Centro para Familias de Trabajadores Agrícolas, hasta el 75 por ciento de los trabajadores agrícolas de California son indocumentados. Por todas estas razones, muchos empleados no se sienten cómodos tomando días de permiso por enfermedad, incluso cuando tienen derecho a ella, por temor a posibles represalias o pérdidas económicas.
“Nuestros trabajadores están petrificados”, dijo Armando Elenes, secretario-tesorero de la Unión de Campesinos UFW, el sindicato de trabajadores agrícolas más grande del país. “Los miedos que hemos tenido se están volviendo realidad”.
Lograr que los empleadores se adhieran realmente a las regulaciones y otorguen tiempo libre remunerado por enfermedad es un desafío importante, dijo Elenes. Desde el comienzo de la pandemia, la UFW envió cartas a los empleadores exigiendo que tomaran medidas para proteger a los trabajadores, incluida la provisión de licencias por enfermedad y capacitación sobre la seguridad de COVID, dijo Elenes.
La aprobación de la Ley federal de ayuda, alivio y seguridad económica por el coronavirus, mejor conocida como la Ley CARES, fue un gran paso, dijo Elenes. Requiere que los empleadores con 500 empleados o menos proporcionen hasta dos semanas de licencia por enfermedad para los empleados que no puedan trabajar debido al COVID-19.
En California, el gobernador Gavin Newsom extendió esas mismas protecciones a empleadores con 500 o más empleados. La UFW también consiguió que la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California emitiera una guía específica de COVID-19 para los empleadores agrícolas, incluida la detección periódica de los empleados en busca de síntomas y la notificación a los funcionarios de salud cuando un trabajador es diagnosticado con el virus. Sin embargo, Elenas dijo que no todas las empresas están siguiendo las recomendaciones y los requisitos de permiso pagado por enfermedad.
“Ahora estamos luchando para que se implementen (estas medidas)”, dijo Elenes. “El robo de salarios es rampante en esta industria”.
El robo de salario, según el sindicato, no significa simplemente no pagar el tiempo trabajado; también significa retener el tiempo de enfermedad. Elenes dijo que escucha de hasta cinco empleados al día informar que no se les paga tiempo libre cuando necesitan ponerse en cuarentena, o que no se les notifica cuando sus compañeros de trabajo dan positivo. Los empleadores a menudo están haciendo “lo mínimo”, dijo.
Y eso significa que los empleados pueden ir a trabajar enfermos, porque están atrapados entre la espada y la pared. Necesitan alimentar a sus familias y pagar el alquiler, incluso cuando los casos aumentan.
“Se va a poner más feo”, dijo.
Eso es lo que también le teme al asambleísta Robert Rivas. El demócrata de Hollister presentó un proyecto de ley de ayuda para trabajadores agrícolas COVID-19, el primero en la nación, destinado a proteger la salud, la seguridad y la seguridad económica de los trabajadores agrícolas de California.
El proyecto de ley, que actualmente se está debatiendo en la legislatura estatal, incluye esfuerzos para incentivar el desarrollo de viviendas permanentes y seguras para los trabajadores agrícolas. Es un tema cercano al corazón de Rivas: el asambleísta creció en viviendas para trabajadores agrícolas migrantes con su familia.
“Debemos tomar medidas para aliviar las condiciones de vivienda superpobladas que dejan a los trabajadores agrícolas y sus familias en constante riesgo”, dijo Rivas. “Una vez que un miembro de estos hogares amontonados se infecta o se expone, ya es demasiado tarde”.
Este paquete se produjo como parte del Centro de información COVID-19 en LocalNewsMatters.org. El Centro de Información es un proyecto colaborativo apoyado por el Programa de Becas JSK de la Universidad de Stanford. La historia es de Jessica Pasko para Bay City News Foundation; las fotos son de David Rodríguez para el Salinas Californian; El paquete de audio y en general está editado por Krista Almanzan, investigadora principal de periodismo en JSK. La traducción para Voces de la Bahía de Monterey es de Víctor Almazán
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