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Por Julie Reynolds Martinez
Traducción por Gabriela González
Esta historia fue co-editada con The Imprint
En mayo pasado, el Departamento de Seguridad Nacional emitió una advertencia escalofriante: a medida que el país “vuelve a la normalidad”, es probable que la violencia escolar aumente debido al estrés inducido por la pandemia.
En un boletín con título en letras rojas, la agencia federal aconsejó a las escuelas que estén atentas a los estudiantes que puedan haberse “radicalizado”, muestren comportamientos amenazantes o estén planeando actos de violencia. En tales casos, los administradores del campus deben “ponerse en contacto con la policía de inmediato”, advirtió Seguridad Nacional. “La amenaza de violencia selectiva en las escuelas seguirá siendo elevada a medida que más niños regresen a la escuela tiempo completo”.
En California, el Departamento de Educación también temía un aumento en este otoño de los “comportamientos perturbadores debido al aumento de la ansiedad y la depresión”, aunque los funcionarios estatales se quedaron cortos al predecir un aumento de la violencia escolar. En lugar de pedir una mayor vigilancia por parte de las fuerzas del orden, instaron a los distritos escolares a adoptar un enfoque más compasivo.
Justo antes de que comenzaran las clases, el estado emitió una guía que recordaba a los administradores las leyes recientes que rigen la forma en que los estudiantes deben ser disciplinados: el apoyo debe reemplazar las suspensiones, dijeron, y las alternativas como el asesoramiento y el tratamiento de salud mental siempre deben probarse primero.
“Como sabemos ahora, la suspensión puede hacer más daño que bien”, escribieron el Superintendente de Instrucción Pública del estado, Tony Thurmond, y la presidenta de la Junta de Educación del Estado, Linda Darling-Hammond, en una carta enviada a más de 1,000 distritos escolares de California. Enviar a los estudiantes a casa no aborda la causa raíz de su comportamiento, dijeron. En cambio, “aleja a los estudiantes del entorno de aprendizaje; y tiene un impacto desproporcionado en los estudiantes Afroamericanos y los estudiantes con discapacidades, entre otros grupos marginados que tienen un rendimiento académico deficiente y están sobrerrepresentados en nuestro sistema de justicia penal”.
A sólo unas semanas de un año escolar como ningún otro — en medio de una crisis de salud pública global con impactos crecientes en el bienestar emocional de los niños — el enfoque del estado ya se ha puesto a prueba en la región de la Bahía de Monterey. Los problemas de disciplina escolar aquí, desde los amenazantes hasta los mortales, han sido tan severos que algunos lugareños están pidiendo un regreso a los días de mayor vigilancia policial en las escuelas.
En una escuela del Condado de Monterey, se sorprendió a numerosos estudiantes trayendo cuchillos y alcohol durante el primer mes de clases. En la Escuela Preparatoria Aptos en el Condado de Santa Cruz, los padres hablaron públicamente después de que hubo ocho peleas en el campus durante el primer mes de clases presenciales.
Y el 31 de agosto, un estudiante de la Escuela Preparatoria Aptos de 17 años fue apuñalado fatalmente durante el horario escolar cerca de la piscina de la escuela. Dos compañeros de estudios, de 14 y 17 años, fueron arrestados y encarcelados por cargos de asesinato en relación con el apuñalamiento. La Oficina del Alguacil del Condado de Santa Cruz describió el motivo como una creciente tensión entre las pandillas, un problema generalizado en esta área rural por lo demás pacífica.
Al día siguiente, un estudiante de secundaria de 13 años en Watsonville fue arrestado por sacar un cuchillo a otro estudiante.
Si bien tales actos no son desconocidos en esta área, la gran cantidad — en sólo unas pocas semanas — ha alarmado a los residentes y funcionarios escolares, lo que los ha hecho cuestionar algunas de las disciplinas más relajadas que ahora se enfatizan en las escuelas locales.
“Ha habido múltiples peleas dentro y fuera del campus durante la primera semana de clases, todas grabadas por los estudiantes y publicadas en las redes sociales”, dijo Daisy Brooks, madre y empleada de la escuela preparatoria. Brooks dijo que los estudiantes están trayendo parafernalia de drogas, cuchillos y vapeadores a la escuela, y agregó: “Nosotros, como distrito, no estamos preparados para las posibilidades”.
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Escalando hacia atrás
Como resultado de un amplio acuerdo de demanda de derechos civiles en 2020, California se ha alejado de las políticas escolares de mano dura, prohibiendo las suspensiones en las escuelas primarias y secundarias por comportamientos como el “desafío deliberado”. Otros cambios recientes al código de educación exigen que la suspensión se utilice sólo como último recurso.
“Se está realizando un gran trabajo en esta área”, dijeron Thurmond y Darling-Hammond a los líderes del distrito a principios de este año, “y aplaudimos su liderazgo en el desmantelamiento del conducto de la escuela a la prisión” a través de iniciativas como capacitación sobre prejuicios implícitos y prácticas de justicia restaurativa.
Es difícil demostrar una conexión directa entre el sufrimiento emocional de los niños y la violencia en la escuela. Los niños responden al trauma de maneras únicas e individuales — y la mayoría dirige su dolor hacia adentro, no hacia afuera de manera que cause daño a los demás.
Aún así, existe mucha evidencia de que los niños que terminan en el sistema de justicia juvenil han sufrido múltiples traumas — presenciando violencia con armas de fuego y la muerte de seres queridos; experimentando racismo y hostilidad policial; sufriendo abuso y negligencia por parte de padres abrumados y creciendo en la pobreza.
Ahora hay aún más presión sobre los niños de las comunidades marginadas. Este mes, la Academia Estadounidense de Pediatría, la Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Adolescente y la Asociación de Hospitales de Niños citaron las visitas al departamento de emergencias, los intentos de suicidio y el dolor agudo para declarar al COVID-19 como una crisis de salud mental para los niños.
“Cuidamos a los jóvenes con tasas cada vez mayores de depresión, ansiedad, trauma, soledad y tendencias suicidas que tendrán un impacto duradero en ellos, sus familias, sus comunidades y todo nuestro futuro”, dijo en un comunicado la presidenta de la asociación de psiquiatras infantiles, Gabrielle Carlson. “Esta es una emergencia nacional, y ahora es el momento de actuar de forma rápida y deliberada”.
Después de más de un año de clases remotas, los educadores de las comunidades agrícolas de la costa de la Bahía de Monterey estaban cada vez más preocupados — mucho antes de que los estudiantes regresaran a la escuela este otoño. Los niños habían estado atrapados en casa, a menudo en espacios reducidos, con internet inestable y cargados de responsabilidades, algunos cuidando de hermanos o familiares enfermos. Muchos vivían en hogares donde los cuidadores principales habían perdido sus trabajos. Otros más se enfrentaron al dolor y al duelo debido al COVID-19.
“Fue un infierno”, dijo Clarissa Jiménez, estudiante de la Escuela Preparatoria Gonzales, a Voces de la Bahía de Monterey.
Una vez que se reabrieron las aulas, los funcionarios escolares se preguntaron: ¿Cómo habían afectado el cierre y el aprendizaje remoto al comportamiento y la salud mental de los estudiantes? ¿Cómo experimentarían los estudiantes conmocionados el regreso a las aulas físicas llenas de otros niños estresados?
Algunos padres han argumentado que — dadas esas condiciones — debería haberse esperado la violencia.
En septiembre, Tiffany Chapman, madre de dos estudiantes de la Escuela Preparatoria Aptos, dijo a los miembros de la junta escolar que aunque el distrito escolar de su familia contrató consejeros adicionales hace dos años, las necesidades aún están lejos de ser satisfechas.
Citando los boletines de la oficina del alguacil y artículos de noticias, Chapman señaló que “la ansiedad, la depresión, la violencia doméstica y el abuso infantil están en aumento, lo que se correlaciona directamente con el aumento de la violencia que vemos en nuestros campus escolares”.
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Invirtiendo el curso en oficiales escolares
Después del asesinato de George Floyd y las demandas en todo el país para retirar fondos de la policía y eliminar las fuerzas de las escuelas, la región de la Bahía de Monterey se unió a ciudades como Oakland, Los Ángeles, Denver, Seattle y Portland que han cortado o disminuido la presencia policial en los campus escolares.
Pero los distritos escolares de Salinas habían hecho el cambio años antes, prohibiendo a los oficiales de recursos escolares (SRO, por sus siglas en inglés) ya en 2017. Dos años antes, un distrito de Salinas había dejado de suspender a los estudiantes por “desafío deliberado”.
El Distrito Escolar Unificado del Valle de Pájaro — incluyendo las escuelas preparatorias de Aptos, Valle de Pájaro y Watsonville — fue el último distrito del área en prohibir a los oficiales de recursos.
El alguacil del Condado de Santa Cruz, Jim Hart, ha criticado desde entonces al distrito por destituir a sus ayudantes. Después de la reciente ola de violencia, “Desafortunadamente, han indicado que no quieren ninguna interacción con la policía ahora”, dijo al sitio de noticias Lookout Santa Cruz. “Así que — aquí estamos.”
Días antes, después del homicidio del 31 de agosto, muchos residentes locales estuvieron de acuerdo y llamaron al distrito en una petición de change.org firmada por más de 1,500 personas para que los oficiales regresaran a los campus.
Otros instaron al distrito a no apresurarse a volver a contratar a la policía, por temor a los prejuicios en una región donde más del 90% de los estudiantes en algunas escuelas son latinos.
Brandon Diniz, uno de los maestros de secundaria del área, le dijo a la junta en una reunión del 15 de septiembre que las escuelas locales no son seguras — no porque carezcan de policía, sino porque no han invertido en suficiente personal.
“En lugar de restablecer los SRO, deberíamos cubrir los cerca de 50 puestos de trabajo docentes vacantes y establecer la dotación de personal para garantizar que nuestros estudiantes estén seguros en todos los niveles”, dijo Diniz.
Apelando a las escuelas de todo el estado, el Superintendente Thurmond recomendó mantener oficiales de recursos escolares en algunos campus para proteger a los estudiantes de actos de violencia o amenazas de bomba. Pero dijo a los periodistas en una conferencia de prensa de 2020: “Nunca, nunca en ninguna escuela, deberíamos esperar que un oficial de policía sea el decano de los estudiantes o un disciplinario que discipline a un estudiante por hacer las cosas que hacen los estudiantes. No debería haber una criminalización de los estudiantes por tener un comportamiento típico de los estudiantes “.
El 15 de septiembre, los funcionarios del distrito escolar del Valle de Pájaro decidieron tomar una opción intermedia que se adhiriera a las nuevas pautas estatales. Han adoptado un modelo “híbrido” de asociar a los oficiales del campus con los médicos de salud mental que comenzará este mes, y la policía volverá a estar estacionada en los campus de las escuelas preparatorias del distrito.
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‘Desafíos sin precedentes’
Mientras tanto, en la Escuela Preparatoria Salinas, la Superintendente adjunta de Servicios de Instrucción Blanca Baltazar-Sabbah dijo a Voces que su distrito ofrece programación “culturalmente relevante”. El distrito también depende de la justicia restaurativa, asociándose con grupos como la Red Nacional de Compadres para ejecutar “círculos de sanación”.
El distrito de Baltazar-Sabbah fue el primero en el área en construir centros de bienestar en las escuelas — un modelo que el Distrito Unificado del Valle de Pájaro, el distrito que incluye a la Preparatoria Aptos, donde ocurrió el reciente asesinato, también planea seguir.
Aún así, algunos administradores escolares se quejan en privado de que las pautas estatales de “suspensión como último recurso” y el programa basado en el bienestar, aunque nobles, no tienen en cuenta las dificultades que enfrentan las escuelas con fondos insuficientes, especialmente en las comunidades de trabajadores agrícolas donde algunos cuerpos estudiantiles tienen tasas de pobreza de más del 90%.
Una administradora escolar de la región, quien pidió no ser identificada porque no estaba autorizada para hablar en público, dijo a Voces que se pregunta “¿qué alternativas sólidas a la suspensión tengo cuando un niño pone en peligro a otros al traer un cuchillo a la escuela?”
Al igual que Diniz, culpa a los mandatos estatales que no proporcionan fondos designados para respaldar las directivas, como la dotación de personal escolar adicional. Las reglas estatales, dijo la administradora, deberían estar respaldadas con fondos para al menos un miembro del personal de tiempo completo para ayudar a proporcionar las alternativas deseadas a la suspensión.
“No tenemos suficientes recursos para satisfacer las necesidades de estos estudiantes”, se lamentó, “y tenemos muchos niños con problemas socio-emocionales”.
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