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Por Robert J. Lopez
Photos por Barbara Davidson
Este artículo fue producido por Capital & Main. Se reproduce aquí con permiso.
En el valle de Sacramento, en California, un agricultor fue sancionado por cometer varias infracciones ligadas al uso seguro de pesticidas en un huerto de frutas con hueso.
En las extensas tierras de cultivo cerca de la Costa Central, un proveedor de semillas que cultiva pimientos, verduras y frutas fue sancionado con más de dos docenas de infracciones en materia de seguridad en el uso de pesticidas, algunas de las cuales se consideran delitos graves por representar riesgos para la salud o el medio ambiente.
En el Valle de San Joaquín, un minorista agrícola con historial de infracciones en materia de seguridad con pesticidas fue sancionado por no proporcionar equipos de protección a los trabajadores ni publicar información médica de emergencia en los campos de cultivo.
En total, desde principios del 2020 hasta junio de 2025, los inspectores de seguridad de pesticidas de los condados de California aplicaron cerca de 18,000 medidas de control y regulación. Sin embargo, según los registros estatales, menos del 30% resultaron en multas.
Dichas sanciones impuestas por los reguladores eran por lo general bajas: las multas oscilaban entre los 50 y los 250 dólares, y variaban considerablemente de un condado a otro a pesar de responder a las mismas infracciones; esto según un análisis a más de 40,000 registros oficiales obtenidos a través de solicitudes de acceso a registros públicos.
El sistema regulatorio diseñado para proteger a los trabajadores agrícolas de los pesticidas se aplica de forma inconsistente en toda California. Incluso hay escasez de sanciones ante algunos casos en los que los reguladores descubrieron a empresas que pusieron en peligro a los trabajadores o que cometieron múltiples infracciones. En cambio, les dieron notificaciones a modo de advertencias o para solicitarles corregir dichos problemas, incluso sin recibir sanción alguna, según reveló una investigación de Capital & Main.
Decenas de trabajadores agrícolas declararon en entrevistas haber sufrido de náuseas, ardor en los ojos o irritación de garganta debido a la contaminación química de los campos. La mayoría dijo no haber denunciado dichos problemas por temor a represalias o por falta de confianza en el sistema regulatorio.
“Sí, hay leyes”, dijo Jesús, un hombre con el rostro marcado con arrugas tras años de cosechar ajo, podar vides y recoger moras en el soleado Valle de San Joaquín. “Pero, lamentablemente, la ley a veces favorece a los poderosos; se pone del lado de los ricos”, añadió, pidiendo que no se revelara su apellido por temor a represalias de sus jefes.
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Activistas laborales y comunitarios que le han dado seguimiento a los problemas de seguridad vinculados a los pesticidas sostienen que, tanto las sanciones leves como las cartas de advertencia o las notificaciones escritas, no logran disuadir a los infractores de sus acciones, especialmente a aquellos que reinciden, así como las grandes empresas que pueden absorber fácilmente los costos de las multas.
Los registros estatales muestran que se emitieron más del doble de cartas de advertencia y notificaciones que de sanciones, lo que plantea serias dudas sobre la rendición de cuentas y de que se pueda lograr una disuasión exitosa, según Bianca Lopez, cofundadora y directora de Valley Improvement Projects, una organización que monitorea la seguridad de los pesticidas en el norte del Valle de San Joaquín.
Estos hallazgos aparecen mientras los funcionarios estatales proponen reformar el sistema regulatorio de pesticidas, el cual lleva décadas en vigor, con el fin de reforzar la aplicación de la ley y estandarizar las sanciones. Varios grupos que representan a productores, minoristas y proveedores de servicios agrícolas han rechazado enérgicamente dichas propuestas.
Los comisionados agrícolas del condado son los encargados en ejecutar las regulaciones actuales, y son ellos quienes supervisan el empleo de pesticidas en sus jurisdicciones, mientras que promueven a la industria agrícola de California, cuyo valor se estima en los 61 mil millones de dólares.
En un comunicado, el Departamento de Reglamentación de Pesticidas de California (California Department of Pesticide Regulation) reconoció la necesidad de mejorar la regulación y garantizar que se aplique de manera uniforme en todos los condados.
La portavoz del departamento, Amy MacPherson, declaró que los funcionarios también están proponiendo nuevas regulaciones que aumentarían las multas por infracciones que afecten la salud pública. Esto incluye casos en los que las sustancias químicas tóxicas se dispersan en campos o comunidades vecinas, provocando enfermedades.
MacPherson afirmó que los comisionados agrícolas del condado tienen el criterio necesario para decidir qué herramientas —sean cartas de advertencia, notificaciones escritas o multas— se deben utilizar para la aplicación de la ley, dependiendo de la “naturaleza y gravedad de la infracción” ante alguna situación determinada.
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Paola López, quien ha cosechado pasas en el valle central de San Joaquín, apoya la aplicación de medidas y regulaciones más contundentes.
Un sábado a finales de septiembre de 2025, en un campo del condado de Fresno, esta madre de cuatro hijos estaba subiendo cajas de uvas en un montacargas cuando un tractor fumigador pasó a pocos metros de distancia. La mujer de 40 años de edad recuerda haber escuchado una fuerte explosión, recibiendo después un rocío tóxico que le cubrió la cara y los brazos.
“Me costaba respirar un poco y me empezaron a arder mucho los ojos”, dijo, relatando el incidente a un periodista. “Casi no podía ver”.
Desorientada, llamó a la activista local Nayamin Martínez, directora ejecutiva de la Red de Justicia Ambiental del Centro de California (Central California Environmental Justice Network). López había recibido capacitación sobre seguridad en el uso de pesticidas por parte de la organización.
Martínez le dijo a López que fuera a un hospital y que presentaría una denuncia formal con la oficina del comisionado agrícola del condado de Fresno.
“Empezó a vomitar y se mareó”, escribió la activista local sobre López en la denuncia.
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Un reportero revisó copias de los avisos de seguridad que exige la ley federal, en los que se detalla qué productos químicos peligrosos se mezclaron en la carga de pesticidas que se roció sobre López.
“Nocivo si se inhala”, dice un aviso. “Provoca irritación cutánea”.
“Peligro… provoca irritación ocular grave”, añade un segundo documento.
“Puede causar cáncer”, advierte.
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El sistema de supervisión de pesticidas en California, a diferencia de otros estados, está dividido. El Departamento de Reglamentación de Pesticidas (Department of Pesticide Regulation) se encarga de la aplicación de la normativa en todo el estado y proporciona orientación y capacitación a 55 comisionados agrícolas de distintos condados, quienes supervisan sus respectivas jurisdicciones.
Los funcionarios estatales no supervisan a los comisionados agrícolas, quienes son nombrados por juntas de supervisores electas en los condados, y a las cuales les rinden cuentas.
En entrevistas, los comisionados elogiaron el sistema de control de California, afirmando que consideran importante tener el criterio necesario al aplicar las regulaciones, ya que tanto los cultivos, como las temporadas de siembra y el uso de los pesticidas varían de un condado a otro. Añadieron, además, que su labor ha mejorado la seguridad en el campo.
La flexibilidad “nos da la capacidad de trabajar de cerca con los productores… y mantener seguras a nuestras comunidades”, dijo Juan Hidalgo, comisionado agrícola del condado de Monterey, uno de los principales condados agrícolas del país, con un valor de producción agrícola bruta de 4,800 millones de dólares en 2025.
Una investigación de Capital & Main publicada el año pasado descubrió que las empresas que enfrentan infracciones en varios condados de California no fueron multadas por cientos de los delitos reportados, muchos de ellos relacionados con la seguridad de los trabajadores.
En 2023, una auditoría federal señaló incidentes graves relacionados con pesticidas en media docena de condados y develó una supervisión fragmentada por parte de los comisionados agrícolas. La auditoría reveló que los reguladores de los condados interpretan las leyes de seguridad sobre pesticidas de manera diferente, no están obligados a justificar las multas y no tienen la obligación de verificar el historial de cumplimiento de las empresas en todo el estado.
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A finales de 2025, el Departamento de Reglamentación de Pesticidas presentó un desglose de datos, tanto a nivel de condado como estatal, sobre las medidas regulatorias adoptadas por los comisionados de agricultura desde principios de 2020 hasta finales de junio de 2025.
Según los datos, durante ese período, los comisionados tomaron 17,742 medidas regulatorias por infracciones relacionadas con pesticidas de todo tipo, pero solo 4,885 resultaron en multas o en la remisión de los casos a los fiscales de distrito para una posible persecución penal.
El trato que recibieron los infractores, incluidos los reincidentes y las empresas sancionadas por infracciones graves, varió según el condado, de acuerdo con un análisis realizado por Capital & Main, que examinó 40,150 registros estatales de aplicaciones de la normativa, con detalles sobre investigaciones, infracciones y sanciones civiles desde 2018 hasta principios de 2024.
En un condado, por ejemplo, un comisionado agrícola multó a un agricultor con 2,000 dólares por no proporcionar capacitación en materia de seguridad a los trabajadores que aplicaban pesticidas en los campos. En otro condado, un agricultor fue multado con 200 dólares por la misma infracción.
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Según los reguladores estatales, no proporcionar capacitación en materia de seguridad para el uso de pesticidas a los trabajadores que manipulan estas sustancias es una de las infracciones más comunes en California. Dicha capacitación es crucial para todos los trabajadores de campo, ya que los pesticidas poseen distintos requerimientos de seguridad y pueden suponer graves riesgos para la salud.
Muchos trabajadores agrícolas entrevistados, entre ellos López, quien fue rociada con pesticidas en el campo de pasas, dijeron que los empleadores no les proporcionaron capacitación sobre el uso seguro de pesticidas.
Según el análisis, más de 240 empresas en varios condados de California fueron sancionadas por al menos 1,268 infracciones, pero no pagaron multas por casi la mitad de estas infracciones, muchas de ellas relacionadas con la seguridad de los trabajadores.
Los defensores de los derechos laborales que han estudiado la regulación de los pesticidas afirman que las deficiencias en la supervisión y la falta de imposición de multas más severas ponen de manifiesto la necesidad de una aplicación más rigurosa de la ley. Señalan, además, que las comunidades rurales y predominantemente latinas se ven afectadas de manera desproporcionada.
“Necesitamos una aplicación de la ley mucho más rigurosa y consistente para proteger a los trabajadores y a las comunidades”, dijo Anne Katten, directora del Proyecto de Proyecto de Salud y Seguridad Laboral y de Pesticidas para la California Rural Legal Assistance Foundation.
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En junio, el Departamento de Reglamentación de Pesticidas dio a conocer propuestas de modificaciones a la normativa estatal sobre pesticidas. El proceso de aprobación llevará meses e incluirá un periodo de consulta pública. Según las autoridades, se prevé que las normas revisadas se adopten el próximo año.
Para abordar el problema de la aplicación desigual de la normativa, las nuevas reglas exigirían a los comisionados agrícolas verificar si las empresas han sido sancionadas por infracciones en otros condados. Asimismo, los comisionados estarían sujetos a mayores requisitos de notificación en los casos en que no impongan multas. Se aumentarían los niveles mínimos de las sanciones y se impondrían multas más severas a los infractores reincidentes.
Sin embargo, tanto agricultores particulares como más de una docena de asociaciones que representan a productores, distribuidores de insumos agrícolas y empresas de fumigación han expresado su oposición a los cambios. Argumentan que las normativas actuales son eficaces, que los comisionados agrícolas requieren flexibilidad para investigar infracciones y que hace falta más capacitación para ayudar a los productores a comprender las reglas, según comentarios por escrito obtenidos mediante solicitudes al amparo de la Ley de Registros Públicos de California (California Public Records Act).
“Un enfoque de aplicación uniforme para todos los casos, como si fuera una misma medida para todos, no toma en cuenta la diversidad agrícola de California”, señala una carta enviada a las autoridades estatales en diciembre, firmada por organizaciones como la Comisión de la Fresa de California (California Strawberry Commission) y la Asociación de Aeronaves Agrícolas de California (California Agricultural Aircraft Assn.).
“Mantener la facultad de emplear su propio criterio discrecional a nivel de cada condado”, afirma la carta, “garantiza que las decisiones sobre la aplicación de la normativa reflejen la realidad sobre el terreno y el conocimiento experto de cada localidad”.
Algunos partidarios de la reforma sostienen que ésta no llega lo suficientemente lejos para proteger a los trabajadores y a las comunidades.
Las infracciones relacionadas a fallas en los requisitos de notificación —incluidas las relacionadas con la fumigación con pesticidas cerca de escuelas— solo conllevarían multas leves y opcionales, señaló Yanely Martínez, organizadora de Safe Ag Safe Schools, una organización que supervisa la seguridad en el uso de pesticidas en los valles de Salinas y Pájaro.
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A principios de junio se cerró la investigación sobre el caso de exposición a pesticidas que afectó a Paola López.
Las autoridades detectaron cinco infracciones, entre ellas la falta de un plan de emergencia médica para los trabajadores, la omisión de medidas para proteger de los pesticidas a las personas y a la fauna silvestre, y la ausencia de registros de seguridad sobre el uso de estos productos, según una copia del informe de investigación obtenida mediante una solicitud de acceso a registros públicos.
En junio, la oficina del comisionado de agricultura remitió el caso a la Fiscalía del Condado de Fresno para una posible acción penal. A mediados de septiembre, el caso seguía bajo revisión y no había un plazo definido para decidir sobre posibles cargos penales, señaló Taylor P. Long, portavoz de la fiscalía.
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Si los fiscales desestiman el caso, éste regresaría a la oficina del comisionado de agricultura, la cual determinaría la gravedad de las infracciones y el monto de las multas, explicó Mario Reeves, comisionado adjunto de agricultura del condado de Fresno.
López se encontraba en su departamento, situado en la próspera zona agrícola conocida como la “Capital Mundial de las Pasas”, cuando un periodista le informó sobre los hallazgos de la investigación y los plazos previstos para las sanciones.
Ella expresó su frustración ante el hecho de que pasarían meses antes de que alguien rindiera cuentas.
“¿Cuántas personas más estarán expuestas?… ¿Cuántas más resultarán afectadas?”, dijo.
Los gastos médicos de López están cubiertos por el seguro de compensación para trabajadores. Sin embargo, su salud ha empeorado y su médico la ha remitido a especialistas en trastornos respiratorios y del sistema nervioso, comentó.
López había regresado a los campos de pasas pocos días después de haber sido expuesta a los pesticidas, incluso pese a tener dolor de garganta y tos, porque necesitaba el dinero. “No podemos darnos el lujo de simplemente dejar un trabajo”, afirmó.
Duró menos de dos días antes de enfermarse tanto como para no poder ir a trabajar. Desde entonces, no ha regresado.
López es periodista independiente y becario del McGraw Center for Business Journalism. La periodista de datos Cherry Salazar analizó los registros estatales de pesticidas para este informe. Traducido al español por Rodrigo Cervantes.
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