Universitarios en Prisión Un proyecto de ley para expandir la educación superior en las prisiones y los salones de menores está en el escritorio del Gobernador Newsom

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Por Julie Reynolds Martinez

Traducción: Gabriela González

Esta historia fue coeditada con The Imprint.

J.P. Solorio es un estudiante de colegio comunitario en el Centro de Entrenamiento Correccional, una de las dos prisiones estatales en Soledad. Encerrado desde los 15 años por su papel en un tiroteo entre pandillas de adolescentes, ha estado trabajando lentamente para obtener un título universitario desde que fue enviado a una prisión para adultos en 2003.

Además de sus cursos universitarios, Solorio, de 35 años, participa activamente en un programa que capacita cachorros para convertirse en perros de servicio para socorristas y veteranos con estrés postraumático. Planea completar un título a nivel de colegio comunitario antes de irse a casa, y atribuye su educación en Soledad a los cambios que ha realizado en su vida interna.

“Entré desesperado, inmaduro, imprudente, egoísta, peligroso”, dijo en una entrevista telefónica con Voces. “Ahora soy mucho más reflexivo y considerado. Busco un significado positivo en mi vida. Sé que lastimé a mucha gente y esa mentalidad con la que entré, tenía que desaparecer”.

Pero incluso para los hombres encarcelados más dedicados como Solorio, tomar clases universitarias ha sido un desafío frustrante durante mucho tiempo.

Por años, las personas encerradas en las prisiones de California sólo podían asistir a clases universitarias en persona en la Prisión Estatal de San Quentin, al otro lado de la bahía de San Francisco. Ninguna persona en las otras 34 prisiones del estado tenía la misma suerte.

Los cursos por correspondencia ofrecidos por dos colegios comunitarios en Soledad a menudo ya estaban llenos para cuando los posibles estudiantes tras las rejas recibían los formularios de solicitud, y el personal de la prisión era conocido por hacer más lento el proceso de inscripción. Los miembros de sus familias tenían dificultades para proporcionar información oportuna a sus seres queridos. Y — tras una era en la que los contribuyentes se quejaban de dar educación gratuita a las personas condenadas por delitos — muchas universidades locales que ofrecían cursos por correspondencia a los prisioneros, minimizaban los programas, o escondían la información necesaria en rincones ocultos de sus sitios web.

Los tiempos y el sentimiento público han cambiado en las últimas décadas, ya que más investigaciones han demostrado que los esfuerzos de rehabilitación son inversiones valiosas en seguridad pública.

Ahora, el Colegio Hartnell en la cercana Salinas ofrece clases en persona por primera vez en las dos prisiones estatales de Soledad, así como en el centro de detención juvenil del condado.

En la actualidad, existe un movimiento creciente en la educación superior para expandir los programas universitarios en las prisiones y las cárceles para menores, y para garantizar que las personas anteriormente encarceladas reciban ayuda para tener éxito en los colegios y universidades.

La Legislatura de California en 2010 descubrió que las cárceles con programas universitarios sólidos tenían tasas más bajas de violencia y problemas disciplinarios, lo que le ahorró al estado dos dólares por cada dólar gastado en programas universitarios carcelarios. En ese momento, mientras que aproximadamente el 95% de los reclusos estaban listos para ser liberados en la sociedad, solo el 14% recibió educación o capacitación mientras estaban encerrados.

Un análisis de 2019 del Vera Institute of Justice, una organización sin fines de lucro, informó que los contribuyentes de California podrían ahorrar $66.6 millones al año, si solo la mitad de los prisioneros elegibles asistieran a la universidad. Los ahorros potenciales se basaron en proyecciones de tasas de reincidencia más bajas de tres años encontradas por un estudio en Wisconsin: 30.7% comparado con 46% para aquellos que fueron liberados sin ninguna universidad.

Además, las personas en prisión — en particular los jóvenes — parecen clamar por una educación superior. Los investigadores que encuestaron a más de 7,000 jóvenes encarcelados en 2003 encontraron que más de dos tercios de los que estaban tras las rejas aspiraban a una educación superior. Y eso fue hace casi 20 años, cuando se hacían muchas menos promesas a los detenidos.

Este otoño, entre las docenas de proyectos de ley que se acumulan en el escritorio del Gobernador Demócrata Gavin Newsom, está uno que podría ampliar enormemente las oportunidades universitarias para adolescentes y adultos encarcelados.

La Ley Red de Universitarios en Ascenso, oficialmente conocida como Proyecto de Ley 417 de la Asamblea, fue aprobada por ambas cámaras de la Legislatura y fue enviada a Newsom el 10 de septiembre. Si la firma el gobernador, quien sobrevivió a una elección de destitución este mes, la ley asignaría $10 millones para las universidades comunitarias del estado para aumentar el acceso a los estudiantes que están encarcelados actualmente o lo han estado, o aquellos que están “involucrados con la justicia”.

Bajo la dirección de la Oficina del Canciller de los Colegios Comunitarios de California, Red de Universitarios en Ascenso se lanzó oficialmente en enero — meses antes de que se aprobara la AB 417 — llegando a los salones y prisiones juveniles para ofrecer cursos de colegios comunitarios y apoyo a los estudiantes.

Lo nuevo de AB 417 es la decisión de la Legislatura de inyectar una cantidad significativa de efectivo en el proyecto, con la asignación de $10 millones en el presupuesto de este año cuando el proyecto de ley se promulgue para el 10 de octubre.

“Los estudiantes involucrados con la justicia enfrentan desafíos únicos mientras se esfuerzan para reintegrarse a sus comunidades y navegar por el sistema de educación superior ”, dijo el autor del proyecto de ley, el Asambleísta Kevin McCarty, en el análisis del proyecto de ley realizado por el Senado. Sólo el 4% de las personas anteriormente encarceladas tienen títulos universitarios, dijo McCarty, en comparación con el 29% de la población general.

“Esto se debe, en parte, a la falta de servicios de apoyo”, agregó, “y la ausencia de un sentido de comunidad para los estudiantes involucrados con la justicia en los campus universitarios”.

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J.P. Solorio, a la derecha, con el cachorro que entrenaba dentro del Centro de Entrenamiento Correccional en Soledad el 10 de abril de 2018 | Foto por Claudia Meléndez Salinas.

‘Nada menos que notable’

California ha aumentado gradualmente su oferta universitaria para estudiantes encarcelados desde 2014, cuando sólo la prisión de San Quentin ofrecía clases universitarias presenciales. El programa Caminos hacia la Educación Superior del Centro Legal para Jóvenes Juvenil tiene como objetivo expandir “la cantidad de oportunidades de educación postsecundaria disponibles para los jóvenes que actualmente están o han estado involucrados en el sistema de justicia juvenil en California”. Otro proyecto del Colegio de San Mateo ofrece cursos en las instalaciones para menores de ese condado.

Desde entonces, esfuerzos como el Proyecto Regreso, que apoya en las universidades estatales de California a personas anteriormente encarceladas, han crecido hasta el punto de que el estado lidera la nación en educación postsecundaria para personas involucradas con la justicia, según un informe del Centro de Justicia Criminal de la Escuela de Leyes de Stanford y el programa del De la Correccionales a las Universidades del Instituto de Oportunidades, un proyecto que finalmente se transformó en la Red de Universitarios en Ascenso.

Titulado “No hay que detenerse ahora”, el informe de 2018 declaró que “la colaboración entre la educación superior y los sistemas de justicia penal durante los últimos tres años es nada menos que notable”.

“Los impactos del encarcelamiento masivo son enormes y el sistema de educación superior pública ofrece nuestra única oportunidad de escalar una respuesta efectiva”, concluyen los autores del informe.

Hoy en día, casi todas las prisiones de California ofrecen títulos de colegios comunitarios. Los salones juveniles en todo el estado también están agregando más programas universitarios. El proyecto de ley de McCarty autorizaría a 50 universidades de California a unirse a la Red de Universitarios en Ascenso, que tendría el mandato y los fondos necesarios para aumentar la cantidad de estudiantes involucrados con la justicia en las universidades comunitarias. La red también tendría que proporcionar un informe de progreso sobre sus esfuerzos.

“Algo encaja”

En la Prisión de Soledad, Solorio dijo que sus clases universitarias a veces están llenas de estudiantes que principalmente “quieren el crédito de tres semanas” de su tiempo en prisión, sin realmente intentar mejorar.

Pero Solorio dijo que incluso aquellos que toman clases “por las razones equivocadas” aún pueden aprender y cambiar. Originalmente sentenciado a 45 años de cadena perpetua, para él era fácil renunciar a la esperanza de volver a casa. Pero lentamente comenzó a asimilar el mensaje de cambio de las muchas clases y grupos a los que asistió.

“Me senté en un grupo durante años antes de que finalmente hablara, y un par de años antes de que finalmente comenzara a internalizar las cosas que se estaban enseñando”, dijo Solorio por teléfono. “Las personas que van a regresar y trabajar durante períodos más largos se van a beneficiar. Lo he visto — prisioneros de por vida, uno tras otro, volviendo a casa. Algo encaja y lo entienden “.

Ilustración presentada de Christine Ongjoco

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Julie Reynolds Martínez

About Julie Reynolds Martínez

Julie Reynolds Martínez is a freelance journalist who has reported for the Center for Investigative Reporting, The Nation, NPR, PBS, the NewsGuild and other outlets. She is a co-founder of Voices of Monterey Bay.