Sin alivio aquí El pago a los trabajadores indocumentados no resuelve el verdadero problema

 | Photo by Claudia Meléndez Salinas

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Por Marielle Argueza

Traducción: Víctor Almazán

En un mes ordinario, Valentina Romero, residente del  Este de Salinas, gasta el 50 por ciento de su sueldo en la renta, el 20 por ciento en comida y el resto en pagos y “otras cositas”.

El dinero para Romero, y muchos de sus vecinos, es escaso y hay muy pocos ahorros al final del mes en su hogar. La inestabilidad financiera solo se exacerbó durante la situación económica causada por COVID-19.

Pero a diferencia de muchos residentes de bajos a medianos ingresos, Romero quedó fuera de los programas de ayuda financiera que provenían del gobierno federal o estatal, como los beneficios de desempleo o el estímulo de $ 2 billones que vino de la Ley CARES.

Eso se debe a que, como muchos de los residentes del Este de Salinas, alrededor del 18 al 25 por ciento -según algunas estimaciones-, ella es indocumentada. Acordó ser entrevistada bajo la condición de que su nombre y otros factores de identificación estuvieran ocultos.

California viene al rescate de la fuerza laboral indocumentada. El 15 de abril, el gobernador Gavin Newsom anunció $ 125 millones en ayuda financiera para residentes indocumentados con un pago único de $ 500 por adulto, y un máximo de $ 1,000 por hogar.

La ayuda provendría de dos fuentes: $ 75 millones del Fondo de Ayuda por Desastres financiada con recursos públicos del estado, y los otros $ 50 millones de esfuerzos filantrópicos. Los fondos ya están siendo distribuidos por organizaciones sin fines de lucro locales como alguna forma de ayuda directa, ya sea en efectivo, tarjetas de regalo o ayuda para el pago de la renta

Romero, quien combina ser una organizadora comunitaria con otros trabajos, señala que su peculiar  vecindario  está formado por trabajadores: “personas que trabajan en los campos, en la agricultura, restaurantes o en casas de otras personas”. Muchos siguen laborando como trabajadores esenciales, dijo. El estímulo sería bienvenido ya que todos esos sectores fueron golpeados fuertemente en el Condado de Monterey. “Sería un gran beneficio”, dijo, pero agrega que aceptar la asistencia del gobierno, ya sea a nivel federal o estatal, no es tan benigno como parece.

Ella señala que puede haber dudas iniciales entre las personas indocumentadas debido a dos factores: la retórica nacional divisiva que rodea la política de inmigración y lo difícil que es para las personas navegar en este tipo de sistemas. “A veces hay mucho miedo en estas comunidades, no quieren ser identificadas. Incluso si sólo hay una persona en el hogar, temen por sus familias”.

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Foto por Claudia Meléndez Salinas

Pero recibir ayuda puede no ser tan complicado o aterrador como piensa Romero. La directora ejecutiva de Santa Cruz Community Ventures, Maria T. Cadenas,supervisa UndocuFund Monterey Bay, un proyecto que ayuda a distribuir en efectivo la ayuda de emergencia a los condados de Monterey, San Benito y Santa Cruz.

En sus 25 años al servicio en esos tres condados, SCCV ha ayudado a los trabajadores de bajos ingresos, especialmente en áreas rurales y agrícolas, a construir estabilidad financiera y economías locales sostenibles. Cuando se perdieron los empleos y se redujeron las horas de trabajo en trabajos que ya tenían salarios bajos debido a COVID-19, SCCV colaboró con organizaciones similares para crear UndocuFund Monterey Bay, y recaudó $ 25,000 en ayuda en efectivo para la comunidad indocumentada.

“Recaudamos dinero de individuos y nuestros socios, como la Unión de Crédito Bay Federal y la Fundación Comunitaria ” (para el condado de Monterey), pero cuando comenzamos, ni siquiera sabíamos acerca de los fondos básicos de $ 75 millones del gobernador Newsom y $ 50 millones recaudados a través de donaciones”, dijo Cadenas. La respuesta de SCCV fue inmediata y las organizaciones comenzaron a distribuir fondos a fines de marzo y principios de abril. El dinero de la orden ejecutiva de Newsom finalmente llegó el 18 de mayo, cuando a las organizaciones comunitarias se les permitió comenzar a aceptar solicitudes.

Se requiere que UndocuFund use un modelo de distribución específico para fondos estatales. Cualquier dinero que se otorgue se distribuirá a las organizaciones asociadas. UndocuFund luego proporcionará la ayuda en efectivo, asistencia para la renta o una tarjeta de regalo de entre $ 100 y $ 500, dependiendo de la organización. La idea detrás de este modelo es doble, explicó Cadenas. Muchas de estas organizaciones ya han establecido relaciones con la comunidad, de este modo se elimina la burocracia innecesaria. Descentralizar los esfuerzos también permite que el dinero vaya más allá.

“Tenemos que darnos cuenta de que las personas indocumentadas no se esconden en cuevas”, dijo Cadenas. “Están trabajando en el campo, en nuestros vecindarios con sus familias, abasteciendo sus cocinas. No es una población oculta en este sentido. Si califican, los líderes de estas organizaciones lo sabrán porque han creado esa confianza. No comienzan desde cero”.

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Foto por Claudia Meléndez Salinas

Caridades Católicas es un ejemplo. Con más de 30 años de proporcionar asistencia para pagar la renta y servicios de inmigración en la península de Monterey, la organización se preparó para proporcionar ayuda de emergencia. El personal y los voluntarios comenzaron a atender las llamadas de los trabajadores y las familias preocupadas justo después de las órdenes de confinamiento en el hogar. Utilizando una subvención de $ 10,000 dólares, comenzaron a brindar ayuda a personas que confirmaron  estaban desempleadas, no calificaban para ninguna otra ayuda del gobierno, podrían quedarse o ya no tenían hogar y con domicilio en áreas rurales y no incorporadas del Condado de Monterey, según la directora ejecutiva de la organización, Ana Ventura Phares.

“Ya sabíamos, por todas las llamadas telefónicas, que las personas tenían una gran necesidad,” dijo Phares. “Un hombre vivía en su camioneta con tres hijos, son esas las situaciones que estamos tratando de prevenir o ayudar”.

Algunas organizaciones a las que se les otorgó dinero parecen candidatos poco probables para distribuir ayuda, pero fueron elegidas debido a que tienen profundas relaciones con su comunidad indocumentada, como Palenke Arts en Seaside.

“Es raro, ¿verdad? Es como,  ¿Qué hace una organización sin fines de lucro artística brindando ayuda a las familias? ” dijo el director ejecutivo de Palenke Arts, Juan Sánchez. Pero al igual que Phares, Sánchez descubrió que también había una necesidad de algún tipo de ayuda en su comunidad. Sánchez encuestó a los padres que tenían niños que participaban en sus programas de arte, y encontraron mucha preocupación por las necesidades, como ropa limpia para niños en crecimiento o comida porque se terminó en el banco de alimentos.

“Quinientos dólares son buenos, pero no puedo pagar la renta con $ 500”. Valentina Romero

“Hice un esfuerzo consciente porque, ¿cómo vamos a ofrecer clases de arte en este momento cuando la gente está preocupada por la comida y el refugio?”, dijo Sánchez. “Nuestra misión es educar, inspirar y transformar la comunidad a través del arte. Ahora, es un poco menos arte y es tiempo de inspiración y transformación”. Palenke Arts actualmente está ayudando a 65 familias, proporcionando tarjetas de regalo de Target con el dinero recibido de la Fundación Comunitaria para el Condado de Monterey.

El dinero está ahí, y los sistemas que pueden parecer difíciles de navegar son operados por personas a las que la comunidad indocumentada conoce y tiene acceso. Si bien Romero sabe que esta ayuda se necesita, todavía hay un mundo poco agradable y complicado de alivio a largo plazo que debe atenderse, según lo ve ella.

Según un análisis del 2017 realizado por el Instituto de Política Fiscal y Económica, los aproximadamente 60,000 trabajadores del condado de Monterey pagaron más de $ 33.2 millones en impuestos estatales y locales. A pesar de esto, Romero dijo que, al igual que otras personas indocumentadas, no ha visto que estos impuestos le den una base sólida cuando se trata de vivienda, alimentos o seguridad económica antes o durante la pandemia.

“El problema es que no vemos nuestros impuestos necesariamente reflejados en darnos estabilidad financiera antes”, dijo. “Quinientos dólares son buenos, pero no puedo pagar la renta con $ 500”.

La Junta de Acción Comunitaria, la organización designada por el Departamento de Servicios Sociales de California para distribuir la Ayuda por Desastre para Inmigrantes en los condados de Monterey, Santa Cruz, San Benito y San Luis Obispo, debía comenzar a aceptar llamadas el 18 de mayo para recibir solicitudes. La línea telefónica no funcionó hasta el miércoles 20 de mayo. Las llamadas telefónicas y los correos electrónicos enviados a la organización en busca de comentarios no fueron devueltos antes de la fecha límite de publicación de este artículo.

Sin embargo, hay alguna esperanza de una solución a largo plazo. A principios de abril, docenas de organizaciones en California estrechamente vinculadas con comunidades indocumentadas escribieron cartas al gobernador Newsom pidiendo extender los beneficios financiados por los contribuyentes, como el seguro de desempleo, Medi-Cal y el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, a los residentes indocumentados. El 5 de mayo, más de 1,200 personas, en representación de iglesias y organizaciones locales, como Comunidades organizadas para el poder relacional en acción, con sede en Salinas, se reunieron en Facebook Live y Zoom para exigir nuevamente que estos beneficios se extiendan a la comunidad indocumentada.

Al igual que antes de la pandemia, Romero dice que es una pelea en curso. “La gente está reconociendo que los trabajadores agrícolas y (los inmigrantes indocumentados) son esenciales ahora. Lo ven ahora durante el virus”, dijo. “Pero hemos estado contribuyendo a estos sistemas. Nos gustaría ver los beneficios”.

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Marielle Argueza

About Marielle Argueza

Marielle Argueza is a reporter based on the Central Coast. She covers education, immigration and culture.